martes, 10 de junio de 2008

Con Zapatero, país bananero

Avisé ayer que sin una actitud clara y contundente por parte del Gobierno, mediante las Fuerzas de Orden Público, este lock out de transportistas está llamado a radicalizarse y a provocar problemas muy graves en una economía de por sí deteriorada. Se anuncia la extensión del conflicto y los convocantes están radicalizando sus mensajes con claro contenido amenazador, estableciendo que su objetivo es provocar el desabastecimiento. Esta huelga alocada y reaccionaria pretende degenerar en revolucionaria sin objetivo lógico identificable. Lo que menos precisa la economía española en el momento presente es un parón en la distribución.
El carácter minoritario de los convocantes, que sólo pueden recurrir a la fuerza y la violencia, para hacerse notar, y lo irrealizable de sus reivindicaciones fundamentales, como la tarifa mínima, hacen que el conflicto pueda enconarse si no se mantienen con claridad algunos principios básicos del Estado de Derecho: la libre circulación de personas y mercancías y el orden público.
La tarifa mínima no tiene cabida en una sociedad abierta en la que se establecen negociaciones bilaterales, privadas, según criterios de oferta y demanda. No sólo es una restricción a la competencia que pagarían al final los consumidores, las sufridas clases medias, es que en sí mismo es una chorrada, una especie de precio fijo, que intentaría convertir a todo el sector del transporte en un gremio medieval, y que, por supuesto, no había forma de vigilar su cumplimiento. Como tampoco ese presunto acuerdo de revisión de los contratos establecidos antes de la subida de los precios del petróleo.
Ningún Gobierno va a poder satisfacer las demandas de Fenadismer y sería imprescindible que el incapaz presidente del Gobierno estuviera mínimamente a la altura de las cirscunstancias, diera la cara y lo explicara con claridad.
En los tiempos que corren de grave crisis, superado ya ese absurdo debate semántico en el que ha quedado atrapado un desvanecido Pedro Solbes, es imprescindible, cuanto menos, sensatez y claridad.
La nación no puede permitirse ni el desabastecimiento ni el colapso por un grupo empresarial imponiendo la ley de la mafia en las carreteras. Eso puede terminar de hundir a empresas a las que no llegan los pedidos necesarios para funcionar o dañar seriamente a los comercios.
La actitud de ese grupo minoritario de transportistas es estrictamente suicida pues la consecuencia sería el deterioro o el hundimiento irreversible del sector, pues la crisis no se debe sólo al encarecimiento del crudo, sino también al descenso de la demanda de transporte.
Este Gobierno manirroto y expansivo, donde Zapatero ha colocado a su primo, y donde el clan de los gandules toma el pelo al respetable con la paridad y con teléfonos absurdos para que los violentos se desfoguen, o que en prescindible Ministerio de la Vivienda anda especulando con favorecer a los divorciados, ha perdido por completo el norte de lo que es un Gobierno.
Lo que vemos es una España desgobernada, sin nadie al timón, un gobierno de propagandistas vacuos y de rolleros del diálogo taumatúrgico, que está naufragando ante el primer embate, y que es incapaz de mantener las carreteras abiertas. Mal precedente. Muy mal precedente. Porque esto no ha hecho más que empezar.
Con Zapatero, país bananero

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